El aumento del salario como medida impulsada por el gobierno en un país siempre será una disposición controversial. Por ejemplo pueden existir, incluso entre los empleados beneficiados, quienes consideren que el aumento es tardío y otros señalarán que es injusto e insuficiente.
Por otra parte, profesionales de las ciencias económicas y sociales esgrimirán teorías y referentes históricos para demostrar lo inconveniente de la medida y destacarán sus incontables repercusiones negativas. Además de los argumentos contrarios a la decisión por parte de los grupos políticos opositores al gobierno.
De tal manera que muchas serán las objeciones, provenientes de diferentes sectores.
Esto es justamente lo que ocurre en el país, al dejar entrever el gobierno que ha considerado la posibilidad de una subida salarial del 0,9% para los tres millones de empleados públicos en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2021, teniendo un costo final de aproximadamente 1.500 millones de euros en el presupuesto.
Variación de 4,2% para gastos de personal
Según recoge el proyecto de los Presupuestos presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias, los gastos de personal de la Administración Central serán de 18.559 millones de euros en el 2021. Estas mismas partidas en el 2020 fueron de 17.844 millones, lo que representa una variación del 4,2%.
Las críticas a la subida salarial señalan que si bien no resulta alta, no obstante compromete recursos requeridos en otras áreas o dejan de colocarse en aspectos cuyo impacto resultaría mayor teniendo por lo consiguiente más valor estratégico.
Las objeciones al aumento salarial pueden concentrarse, en dos grandes grupos: las que señalan que los recursos deben orientarse a cubrir la urgente necesidad de incrementar el personal médico asistencial dada la situación sanitaria agudizada por la presencia del Covid-19; y otras posiciones que plantean tomar una medida de mayor impacto y que imprimiría mayor dinamismo a la economía, como apoyar e impulsar el empleo privado.
Apoyo sindical
Los tres sindicatos que tienen mayor peso en la Administración Pública: CC OO, UGT y CSIF acompañan la medida, en reconocimiento al merecido beneficio para los trabajadores y su efecto positivo sobre el crecimiento de la economía.
Consideran que contribuye a la superación de la pérdida del poder adquisitivo del trabajador y la merma en su capacidad de compra, de acuerdo al señalamiento que al respecto ha realizado Paco García, coordinador del Área Pública de CC OO sindicato de mayor representatividad en la administración pública.
La medida se traduce en una respuesta al sector trabajador público que experimentó los efectos de la crisis económica del 2008, ahora exacerbados por los impactos de la pandemia.
Revisión profunda de la propuesta
Al interior del sector sindical hay expresiones críticas por considerar que dicho aumento debería ser revisado periódicamente para neutralizar la pérdida del poder adquisitivo.
Esta posición es compartida por economistas y profesionales con trayectoria en la actividad pública como el exministro de Industria, Turismo y el Comercio, Miguel Sebastián, quien se ha mostrado partidario de una política expansiva y contracíclica que debe ir en vía contraria de los recortes que se iniciaron en la crisis económica de 2008 y que en su criterio han demostrado su ineficacia.
Sin embargo, la subida salarial es un aspecto que posee formas distintas de apreciarse.
Ignacio Conde-Ruiz economista y subdirector de la Fundación para Estudios de Economía Aplicada (Fedea) asume una posición contraria, señalando lo desacertado de la subida salarial y negando su efecto multiplicador en la economía, pues asevera que ese incremento salarial no será gastado por el trabajador, lo lógico -afirma- es que sea ahorrado por el tipo de crisis que atraviesa el país.
